En el marco de nuestras competencias constitucionales de proteger los derechos de las personas y supervisar el cumplimiento de los deberes del Estado, y ante el anuncio del diálogo entre el señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski y la lideresa del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la Defensoría del Pueblo considera necesario expresar lo siguiente:
· El valor del diálogo. Saludamos la voluntad de iniciar un diálogo en aras de armonizar ideas y propósitos que plasmen una acción común respecto a temas impostergables de la agenda nacional. Este encuentro debe ser el primer paso para instaurar una práctica saludable de diálogo entre el gobierno y los diferentes actores políticos que puedan contribuir a lograr puntos de entendimientoque lleven a acciones concretas.
· En la reconstrucción, primero las personas. Para la Defensoría del Pueblo los derechos de las personas están en primer lugar. Estamos seguros que el Presidente de la República, así como la lideresa de Fuerza Popular, comparten este enfoque. Por ello, y considerando que uno de los temas anunciados por las partes será la reconstrucción, creemos que es una oportunidad para comenzar por la restitución de los derechos de las personas damnificadas. Cabe recordar que,a consecuencia de El Niño Costero, 435 mil personas se encuentran en inseguridad alimentaria;más de 30 mil fueron afectadas por el dengue; mientras que más de 70 mil alumnos resultaron perjudicados por la interrupción de los servicios educativos; entre otros graves daños producidos.
· Lucha contra la corrupción. Siendo otro de los puntos a tratar la lucha contra la corrupción, debemos recordar que una obligación pendiente de cumplir por parte del Poder Ejecutivo es la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción. De igual modo, es urgente que el Congreso de la República apruebe la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que obligue a todos los poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales y locales, y empresas públicas a tener planes anticorrupción y a ejecutar acciones concretas, en la medida que la corrupción tiene costos altísimos en los derechos y consecuencias enormes que ninguna sociedad puede soportar indefinidamente.
Finalmente, estamos seguros que enfocar el diálogo en la atención de los derechos de las personas contribuirá con el fortalecimiento de las instituciones del Estado y la legitimidad de los actores políticos.
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